Defensor del Pueblo: un área que solo funcionó tres meses y con serios cuestionamientos, vuelve a ser instaurada

Gracias al voto del Concejo Deliberante, el 1 de agosto de 2023, Sara Caputo inauguró el cargo de Defensora del Pueblo de Villa la Angostura. No obstante, en octubre de ese año, solo tres meses después de haber asumido, se generó una compleja situación.

Por cuestiones de salud, Caputo se había visto obligada a dejar el puesto y en una maniobra (muy cuestionada) dejó en el cargo al Ing. Emilio Casares.

Sin un pedido de licencia que validara su ausencia, el Concejo Deliberante se vio obligado a citar a la ex titular del área para que brindara explicaciones al respecto.

Cabe recordar que el propio Concejo explicó en los considerandos de la citación que el motivo de la misma era “la gravedad del hecho de que el Sr. Emilio Casares esté ejerciendo funciones de Defensor Adjunto sin la debida designación, teniendo acceso a información sensible de vecinos, así como actuando en nombre de la Defensoría sin ningún aval ni reconocimiento”.

En todo ese contexto de irregularidades y ante “la gravedad institucional”, Caputo presentó su renuncia por “cuestiones de salud” y el gobierno de Stefani anunció informalmente que llamaría a un nuevo concurso para cubrir el cargo. Pero, como fue habitual en esa gestión, el anuncio nunca se concretó y el puesto quedó vacante hasta el día de hoy.

Ahora, el Concejo Deliberante estableció volver a instaurar a una persona al frente de esa dependencia. “Le dimos celeridad porque creíamos que es importante que haya un Defensor del Pueblo. Desde la renuncia de la señora Sara Caputo, el puesto está vacante porque no se había vuelto a abrir el concurso. Además, el funcionamiento del área está contemplado dentro del presupuesto para este año”, dijo el presidente del Concejo, Sebastián Raimondo.

Cabe recordar que la reglamentación detalla que el Defensor del Pueblo es una figura contemplada en la Carta Orgánica Municipal, con una función esencial en la defensa de los derechos vulnerados por la administración pública municipal, sus funcionarios y las empresas privadas o estatales que presten servicios públicos.